Ante una situación de impago de cuotas pactadas de forma parcial o total, en relación a un contrato de alquiler, por parte del inquilino o arrendatario, el propietario de la vivienda habitual, en caso de que se vea afectado, ante un hecho como este, puede ejercer su derecho a reclamar al inquilino cualquier tipo de deuda desde el momento en que se incumpla.
¿Cómo debemos proceder para informar y reclamar la deuda al inquilino?
Para llevar a cabo dicha reclamación se pueden adoptar dos formas:
1) Reclamaremos un impago de un requerimiento previo a través de un medio fehaciente (como puede ser un burofax) al inquilino instándole a abonar las cantidades adeudadas de renta o gastos análogos en los que haya incurrido el incumplimiento. En caso de que el inquilino o arrendatario en el plazo de 30 días no abone las cantidades reclamadas, ya no podrá enervar la acción, y el propietario o arrendador deberá de iniciar el correspondiente procedimiento judicial, en el que normalmente se insta la resolución contractual del contrato de arrendamiento para uso habitual de vivienda, se reclamarán los importes debidos así como se solicitará que se efectúe el lanzamiento del inquilino o como coloquialmente conocemos como desahucio.
2) La segunda opción es acudir directamente a la vía judicial sin requerimiento previo a través de vía extrajudicial al inquilino o arrendatario, con la característica que en este supuesto sí que se podrá enervar la acción cuando el inquilino sea requerido por el Juzgado en el plazo de 10 días. El procedimiento judicial será similar al anterior supuesto. Es decir, se podrá solicitar la resolución contractual del contrato de arrendamiento de vivienda familiar, se podrá reclamar las cantidades en concepto de renta o gastos análogos adeudados, y se podrá solicitar el desahucio del inquilino.
Pese a que tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo que afecta al procedimiento de desahucio por impago de renta agilizó los tramites procesales, es cierto que una pronta reclamación ante el juzgado para el caso de que el arrendatario no atienda a su obligación de pago facilitará y acortará notablemente los plazos de demora y se recuperará más rápido la posesión de la vivienda.
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